Ser religioso, propietario, militar, empresario o falangista en España, en Madrid, en los meses de julio a diciembre de 1936, suponía una situación altamente peligrosa. Acusados de ser responsables de la rebelión militar fascista, espías, enemigos o desafectos al gobierno, corrían el riesgo de ser visitados por un comité revolucionario que, a bordo de un coche de lujo y a la manera de Chicago, lo llevaran a dar un «paseo» sin retorno. El caldo de cultivo de esta violencia venía de la fallida experiencia de la II República española, en la que los enfrentamientos entre   movimientos obreros sindicalistas –anticlericales– y la derecha fueron cada vez más enconados.  Aunque los datos siguen siendo discutidos, fueron alrededor de 50.000 ejecuciones las que tuvieron lugar en la retaguardia republicana, cometidas por estos grupos contra aquellos a los que percibían como enemigos de clase. Este periodo tan violento  fue denominado por la propaganda franquista como «terror rojo». Y así titula su libro Julius Ruiz, hispanista hijo de españoles y profesor de Historia Contemporánea de la universidad de Edimburgo, que lo analiza de forma profusa acudiendo a fuentes documentales hasta ahora inéditas. Terror que, en palabras del autor, «socavó internacionalmente el prestigio de un gobierno que, si no dirigió, sí amparó la brutal represión llevada a cabo por el Frente Popular. Los más de 6.000 miembros del clero ajusticiados minaron gravemente su reputación y sus intentos de hacer ver en el extranjero que estaba luchando en una guerra por la democracia, sobre todo de entre los países católicos. En Inglaterra, incluso los laboristas fueron partidarios del ‘‘no apoyo’’ por esas matanzas. El gobierno no lo entendió». Sin embargo, existe la polémica sobre si los autores de las mismas fueron grupos incontrolados o se trató de una violencia dirigida y planificada desde el gobierno. Para Ruiz, «los asesinos no fueron simples delincuentes, fue el pueblo –panaderos, empleados– siguiendo el discurso exterminador de antes de la guerra que gritaba al adversario “bestia fascista”».

Las checas y Hollywood
El terror fue selectivo, unos grupos corrieron más peligros que otros –en especial sacerdotes y falangistas–, pero para el autor, al contrario de lo que piensa cierta corriente historiográfica actual, «no hubo “checas” en  Madrid en el 36, sería más tarde. No hay referencias. Se habla de “comités”, pero no se aprecia influencia rusa de forma consciente ni en los discursos, ni en los métodos, aunque ambas se parezcan en sus arrestos arbitrarios, interrogatorios brutales, juicios y ejecuciones masivas. Más bien influyó Hollywood y sus películas de gánsteres. El macabro procedimiento de llevarse a alguien a “dar un paseo” tiene su origen en el gansterismo de Chicago en los años 20, no en los “chequistas” rusos. Incluso el mono, prenda simbólica de proletarios y milicianos, se hizo popular con las películas de Buster Keaton».

Justicia en la retaguardia
Los tribunales populares «fueron un intento del gobierno republicano de satisfacer las demandas del pueblo, de ofrecer una alternativa creíble –había juicio y sentencia–. Una justicia politizada, muy dura, pero que se podía comprar. Un simulacro de justicia que condenaba con tribunales revolucionarios y que, a pesar de la presión internacional, justificaba el gobierno. Muchos formaban parte de tribunales anarquistas por casualidad. El papel del gobierno fue complejo. Los grupos actuaron con autonomía, pero tenían la confianza de sus dirigentes. Pensaban que hacer la revolución y asegurar la retaguardia era lo mismo. Eliminar al enemigo interno era una consigna del PCE desde el principio y una obsesión de los comités revolucionarios. La decisión de la actuación fue de los partidos políticos y de las organizaciones obreras, que creyeron ver enemigos en todos los lados, una “quinta columna” que había que aniquilar como espías o colaboracionistas con el bando rebelde, pero eso fue más fantasía que realidad, un mito que actuó como motor de las matanzas». Y, apostilla, «cualquiera podía ser enemigo, incluso había conflictos entre socialistas, anarquistas y comunistas». Primero fue la creación de grupos de vigilancia e investigación antifascista en la retaguardia. El segundo tipo lo constituyó la brigada policial de la Dirección General de Seguridad -DGS-, lo que supuso la implicación de la policía en la red del terror. Para garantizar la cooperación de los grupos, Manuel Muñoz, director general de Seguridad (de Izquierda Republicana) creó el Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) como ayuda a la DGS y de gran protagonismo en la «purga» de fascistas. Este fue el punto neurálgico en la red del terror recibiendo y ejecutando prisioneros. Ambos organismos participaron en las «sacas» de reclusos para matarlos fuera de la cárcel. Además, estaba el SIM, la temida Policía secreta militar, y la Junta de Defensa de Madrid -JDM-, cuya Conse-jería de Orden Público dirigió Santiago Carrillo. El gobierno de Largo Caballero estaba preocupado por la gran concentración de «fascistas», potenciales soldados de Franco que se acercaba a Madrid y podía liberarlos. ¿Qué hacer? Ante la pasividad del Gobierno, sería el CPIP quien resolvería el problema. El proceso acabó con las matanzas de Paracuellos.

El detalle
CARRILLO Y LOS 2.500 ASESINADOS DE PARACUELLOS
Hasta Paul Preston ha dicho que Carrillo sabía lo que pasó en Paracuellos. El 28 de octubre hubo una saca organizada de la cárcel de Ventas hacia esa localidad. Antes de llegar Carrillo, ya habían fusilado a 190. Para Julius Ruiz, «su importancia no fue que ordenara la matanza, sino que la apoyó políticamente, facilitó la logística e incorporó a los dirigentes en su nueva policía revolucionaria, es decir, fue cómplice, al igual que el gobierno republicano. Cesaron en diciembre por la orden de un simple subsecretario. Carrillo no opuso resistencia a esta orden de cesar las sacas, pero no por una razón humanitaria, sino por una orden del gobierno». En opinión del autor, «fueron 2.500 fusilados».

«Terror rojo»
Julius Ruiz
Espasa
480 páginas. 22,90 euros.